Te invitamos a escrachear esta primavera

La PAH de la Sierra Norte os agradece la colaboración con las personas y familias afectadas por los desahucios.Como sabéis, se ha preparado una acción para el miércoles día 3 en la plaza de vuestro pueblo. Algunas voluntarias se han ofrecido a empezar con los preparativos antes, pegando carteles para animar a las personas a que acudan a la plaza del ayuntamiento a las seis de la tarde.
Mientras tanto, os pasamos uno de los más bonitos escraches realizados estos últimos días en distintas ciudades de Europa. Que lo disfrutéis.
Suena El padrino mientras esperan la llegada de Rajoy a la embajada de España, edificio que Hitler regaló a Franco
http://vimeo.com/62490067
Cartel concentración PAH Colmenar Viejo

A tener en cuenta para saber cómo llevar a cabo y participar en esta campaña:

Esta campaña es para recordarle a los diputados que el 90% de la ciudadanía apoya las demandas de la ILP, y democracia es escuchar a la ciudadanía
Esta es una campaña de información cotidiana para que los diputados que han dicho que votarán en contra de las medidas de la ILP por la dación en pago retroactiva, el alquiler social y la moratoria de desahucios conozcan de primera mano las consecuencias que su voto tendría, para que conozcan la realidad la que se ven abocadas las miles de personas afectadas por la hipoteca
La PAH promueve acciones de denuncia y desobediencia civil pacíficas con el objetivo de cambiar unas leyes injustas.
Lee el protocolo de actuación para saber cómo participar en la acción. Mira el kit de la campaña para saber cómo sumarte.
http://escrache.afectadosporlahipoteca.com/

Miles de personas preguntan cómo pueden mostrar su apoyo a la PAH y a las medidas de la ILP.

Primavera verde es una campaña de apoyo a la PAH frente al intento de desprestigio del PP, de apoyo a las medidas de la ILP por la dación en pago retroactiva, el alquiler social y la moratoria de desahucios. Para decir alto y claro que ¡Sí Se Puede!

Súmate a la primavera verde!

http://primaveraverde.afectadosporlahipoteca.com/

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Los martes de Alicia.

Hola mi nombre es Alicia me dirijo a vosotros con el fin de contar mi historia y pediros ayuda para conseguir la dación en pago y no tener que arrastrar una deuda de por vida.

Desde el 2001 tengo una hipoteca, inicialmente mi hipoteca la tenia en Caja Madrid de 156.000€ era una hipoteca normal con un tipo de interés variable, empezamos pagando 835€.
En el 2007 cambiamos de banco a Caixa Manresa, actualmente Catalunya Caixa y pedimos una ampliación de hipoteca por que teníamos una empresa y necesitábamos dinero para poder pagar cosas de la misma, no nos pusieron problema nos aceptaron la ampliación en 40.000€ mas. Comenzamos pagando cuotas de 1200€ durante un año. En el 2008 empezaron a bajar los intereses pero nuestras cuotas no bajaban.
Fuimos a pedir una explicación y nos enteramos que teníamos una clausula suelo de 3,75
nos dimos de cruces y pesamos que eramos dos tontos que no nos enterábamos de nada.
Así estuvimos un par de años mas, fuimos varias veces para negociar pero su respuesta siempre era lo misma: “ NO SE PUEDE QUITAR LA CLUSULA SUELO”.
En el 2010 la crisis nos había tocado muy de cerca, la empresa que teníamos de instalaciones no nos dejaba respirar, buscamos desesperadamente soluciones pero ni había suficiente trabajo, ni el poco que había lo pagaban bien, debíamos dinero a hacienda y a proveedores aguantamos así hasta que decidimos cerrar y comenzar a buscar otra soluciones. La hipoteca aún estaba al corriente de pago pero la presión que sentíamos era muy grande, por lo que decidimos alquilar el piso, cambiar de vida y venir al lado de mi familia para poder trabajar los dos ya que tenemos tres niños y en Barcelona no era fácil, pues estábamos solos.
Con la ayuda de mi familia y con muchas fuerzas conseguimos trabajo en seguida aunque el sueldo de los dos nos da para pagar la hipoteca de Barcelona, el alquiler de la casa en la que vivimos y los gastos normales de una familia con tres hijos. Seguimos durante tres meses más pagando la hipoteca dejando otras cosas, durante estos meses yo no dejo de llamar y escribir a Catalunya Caixa para que intentar arreglar mis condiciones les pido una y otra vez que me quiten la clausula suelo , ellos siempre contestaban igual: “Te damos un préstamo y lo pagas dentro de dos años”.

A día de hoy llevo varios meses sin poder pagar, ingreso lo que puedo cada mes, intento ingresar el máximo del alquiler del piso hipotecado ya que el dinero que ganamos entre los dos no nos da para todo .
Les llamo dos veces por semana diciéndoles que se queden con el piso, le he adjuntado todos los documentos que me han pedido como 10 veces pero nada… su respuesta es “ya te diremos algo no estas en situación de exigir nada” .

Veo como van pasado los días y me deuda crece , a veces me tiro el día pesando que si dejo de pagar cosas o logro reducir gastos de comida, luz, que a lo mejor puedo pagar algo mas. Pero, he decidido que la prioridad es mi familia.
Veo que me quedo sin el piso, que para ser sincera eso me da igual y con la deuda para toda mi vida. Me he culpado muchas veces de esta situación …¿ cómo no me di cuenta?¿ Por qué no leí bien lo que estaba firmando?¿ por qué pedí mas dinero? Otra veces pienso que somos victimas de Caixa Manresa…

Su banco es Catalunya Caixa, el correo es empleats-oficina.6131@catalunyacaixa.com y el numero de teléfono 93 6821228.

Convocatorias abril 2013:escrache, formación y negociaciones

El mes de abril, va a arrancar fuerte.
Negociamos en sucursal bancaria:
El 1 de abril , acompañamos a Daniela de Becerril a la sucursal de las Rozas del Banco Sabadell.
El 4, le toca a Silvia de Colmenar en la sucursal de bankia de la calle Villaviciosa de Madrid.
El 11 acompañaremos a Carlos de Caraquiz a la sucursal de Ibercaja de Torrelaguna.


Participamos en dos momentos formativos:
El 26 de abril en Torremocha en el seno de una jornadas en la que se nos pide aportar nuestra visión de la situación de las afectadas por la usura.
Todavía sin concretar fecha, nos implicamos en la creación de una plataforma de afectados por la hipoteca en el área de El escorial. Nos hace ilusión acompañar a nuestras hermanas y ser testigos del nacimiento de este grupo de lucha.

Y nos queda invitarte al escrache que hemos preparado en Colmenar el 3 de abril a las seis de la tarde. Arrancamos en la plaza del ayuntamiento. No podemos dar muchos detalles, pero te informaremos.

Rendimos Cuentas

La pah Sierra Norte, se reúne mañana en Manzanares a las once de la mañana. Por la tarde , nos vemos con las asambleas del 15 M en Torrelaguna. Se nos acumula el trabajo. El realizado y el que queda por hacer.

23 afectadas, 23 personas en el grupo de apoyo, 37 colaboradores, 14 pueblos implicados, dos vivendas en cesión, un proyecto audiovisual en marcha, 4 casos finalizados, un abogado, una psicóloga, acompañamiento escolar, sanitario y burocrático, múltiples visitas al Ivima, a los servicios sociales de los ayuntamientos, visitas domiciliarias,intervención prevención violencia familiar, un montón de negociaciones en sucursal, campañas de llamadas, fax y correos, comunicados a plenos de ayuntamientos, notas de prensa, entrevistas, el teléfono, asistencia a manis, a intervivendas, twitter, entrevistas afectados, presión al secretario judicial, presencia en los juzgados, apoyo a acampada bankia, audiovisual siluetada.
MyCloud
Como ves, somos las mismas personas en el grupo de apoyo que ciudadanos afectadas por la usura y el abuso de los mercados.
Necesitamos tus manos, tu oportunidad y tu acierto.
El alma, la ponemos nosotras.
¿te vienes?

Documentos de trabajo sobre la sentencia del tribunal europeo

OS DEJAMOS LA SENTENCIA COMPLETA DEL TRIBUNAL, EL COMUNICADO DE LA PAH Y EL DE CEACU , DONDE HAY ENLACES PARA APORTAR DOCUMENTOS EN EL JUZGADO

https://n-1.cc/file/view/1636054/sentencia-tribunal-eurpeo-contra-los-desahucios

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dado un varapalo a la normativa española sobre desahucios, confirmando la ilegalidad del procedimiento español de ejecución hipotecaria desde hace veinte años. El TJUE, de obligado cumplimiento para los jueces españoles, pasa por encima incluso de la normativa estatal y concluye que se vulnera de forma clara los derechos fundamentales de las personas afectadas y concretamente el derecho a la defensa. La ley actual no da al afectado mecanismos de oposición efectivos para hacer valer sus derechos en el marco del procedimiento de ejecución actual.

Los procedimientos de ejecución hipotecaria en curso deben ser paralizados de oficio y de forma inmediata, puesto que la normativa que los regula es ilegal.

La sentencia da importantes facultades de actuación en los procesos vigentes a los jueces. La declaración del procedimiento como ilegal abre amplias vías para alegar la nulidad de los procedimientos que se han tramitado hasta ahora.

Ha tenido que ser un tribunal europeo quien se pronuncie ante la impasibilidad de un Gobierno y de un Parlamento ciegos y sordos, incapaces de atender el clamor popular y dar solución al drama social que los desahucios han provocado y siguen provocando hoy. El TJUE da también con esta sentencia una bofetada al Tribunal Constitucional español, el cual venía avalando un procedimiento de ejecución hipotecaria que se ha demostrado claramente ilegal.

Las inmediatas estrategias jurídicas posibles ante el fallo del TJUE serán analizadas este sábado en una reunión de abogados de la PAH.

La sentencia es un respaldo al contenido de la Iniciativa Legislativa Popular, cuyas medidas se habían cuestionado por su carácter retroactivo. A la luz de la doctrina del TJUE la retroactividad no solo es una posibilidad reconocida en la Constitución, sino una necesidad. Una necesidad ya que se plantea la nulidad de las ejecuciones hipotecarias realizadas desde el año 1993, fecha de la Directiva en la que se basa la sentencia para declarar ilegal el procedimiento español. No puede sostenerse que una persona sea condenada a pagar una deuda perpetua derivada de un procedimiento ilegal.

Esta sentencia reafirma la importancia de la movilización ciudadana a favor de las medidas de la ILP, unas medidas de mínimos que se están debatiendo en el Parlamento, y las cuales dan respuesta a los planteamientos de respeto a los derechos fundamentales de las personas afectadas.

¡Sí Se Puede!

COMUNICADO DE CEACU
Ha puesto a disposición de los afectados un modelo de demanda judicial de nulidad de condiciones generales de la contratación que permitirá frenar los procedimientos de desahucio en marcha.
Con esta iniciativa se “da la vuelta a la tortilla” en el procedimiento judicial, al convertir a los demandados amenazados con desahucios, en demandantes.
Modelo de “suspensión a la ejecución hipotecaria” (adaptado a la STJUE de 14/03/2013).
http://www.ceaccu.org/images/stories/documentos/modelo-suspension-ejecucion-hipotecaria-ceaccu.doc
Modelo de demanda de nulidad de condiciones generales de la contratación ante el Juzgado de lo Mercantil (adaptado a la STJUE de 14/03/2013).
www.ceaccu.org/images/stories/documentos/demanda-nulidad-condiciones-contratacion.doc
Instrucciones.
http://www.ceaccu.org/images/stories/documentos/instrucciones-suspension-lanzamientos-ejecuciones-hipotecarias.pdf

22 de noviembre de 2012
#dalavueltaalatortilla

Los Servicios Jurídicos han elaborado una nueva estrategia jurídica para la defensa de los afectados de las ejecuciones hipotecarias que han calificado de “revolucionaria” y que puede suponer la paralización “forzosa” de los desahucios. Se trata de la presentación de demandas de nulidad individual de condiciones generales de la contratación ante el Juzgado de lo Mercantil, “para ser esgrimido como cuestión prejudicial civil directa en el Juzgado de Primera Instancia que tramita el proceso de desahucio”.

La principal novedad que aporta esta estrategia es que, a diferencia de la cuestión formulada ante el TJUE como motivo de oposición al desahucio cuya incidencia debe ser valorada por el juez, en este caso, la suspensión es obligada por plantearse un nuevo pleito entre las partes en conflicto, banco y consumidor, lo que en términos jurídicos se denomina, “cuestión prejudicial civil directa por el afectado, con plena identidad subjetiva entre las partes (afectado y entidad financiera)”.

Según los servicios jurídicos de CEACCU, “La cuestión prejudicial civil, así planteada, resulta obligada merced a las deficiencias técnicas del artículo 406.2 LEC, ya advertidas por la doctrina y constatadas con reiterado éxito por esta Confederación”.

Para facilitar esta acción judicial, CEACCU ha elaborado dos modelos de escritos que están disponibles en su web, los colegios de abogados y las Plataformas de Afectados: a) “Modelo de demanda de nulidad individual de condiciones generales de la contratación” (adaptado a la STJUE de 14/03/2013);
www.ceaccu.org/images/stories/documentos/demanda-nulidad-condiciones-contratacion.doc
y b) “Modelo de solicitud de suspensión de ejecución hipotecaria (adaptado a la STJUE de 14/03/2013) basada en cuestión prejudicial civil directa del afectado”,
www.ceaccu.org/images/stories/documentos/modelo-suspension-ejecucion-hipotecaria-ceaccu.doc
que amplía y adapta el ya difundido por la Abogacía días atrás.

El escrito de demanda de CEACCU contra las condiciones generales de contratación de las entidades financieras pide que sean declaradas abusivas y nulas, entre otras: el establecimiento de la conocida “cláusula suelo”, lo relativo a los gastos (“Son de cuenta exclusiva de la parte prestataria todos los tributos, comisiones y gastos ocasionados”), el interés de demora, la condición sobre “vencimiento anticipado del préstamo”, la relativa a la finalidad del préstamo (“La parte prestataria declara que el bien hipotecado no está afecto a ninguna actividad profesional y se obliga a no variar su actual destino sin la autorización expresa y comunicada por escrito del Banco”), a la conservación de la garantía o la “subrogación de los adquirentes”.

Por último, CEACCU, convencida de que la aprobación de la reciente Ley de Tasas Judiciales, constituye un veto sin precedentes en el derecho de acceso a la justicia de millones de consumidores y usuarios, vaciando de contenido el derecho a la tutela judicial efectiva, ha incorporado en ambos escritos, “petición de planteamiento de cuestión de constitucionalidad por parte del juzgador ante el TC, conforme a la habilitación dispuesta en el artículo 163 de nuestra Carta Magna, en concordancia con lo previsto en el artículo 35 LOTC”.

Los modelos de demanda judicial y de suspensión de la ejecución hipotecaria estarán accesibles en la web de CEACCU, en sus organizaciones provinciales y en los Colegios de Abogados de toda España. También se pondrán a disposición de las Plataformas de Afectados por la Hipoteca.

Real Decreto-Ley sobre desahucios

Esta iniciativa surge también como reacción a la “decepcionante”, según la organización, respuesta del gobierno al creciente número de desahucios: El Real Decreto-Ley aprobado hace justo una semana “es una norma, tal como nos temíamos, a la medida de las entidades financieras. Lejos de resolver el problema de la intolerable desprotección jurídica de las familias en quiebra, se pliega a los intereses de la banca, condenando a los consumidores a deudas perpetuas y a la exclusión social”, ha valorado CEACCU.

CEACCU considera que las medidas aprobadas deberían haber amparado, no sólo a aquellos afectados que, con criterios muy restrictivos, se les califique de “vulnerables” o “especialmente vulnerables” sino a cualquier familia en situación de quiebra sobrevenida: es decir, aquellas que por “desgracias familiares, paro, accidentes de trabajo, larga enfermedad u otros infortunios” hayan sufrido una drástica pérdida de sus ingresos regulares que les impida hacer frente a las deudas contraídas.

Además, junto a una moratoria de las ejecuciones sin condiciones, CEACCU considera necesario y urgente poner en marcha los siguientes mecanismos:

Procedimiento concursal específico para las familias que permita (igual que ocurre con las empresas en quiebra) un marco justo de negociación para adecuar ingresos y deudas.
Cuando la pérdida de ingresos haya sido tan drástica que no sea viable continuar con el pago de la vivienda, la solución debe ser la dación en pago y un alquiler social que impida que la familia sea desalojada.
Si los ingresos lo permiten, se establecerá un mecanismo para renegociar el pago de la deuda con una quita (reducción del importe total a pagar).

Seis de cada diez procesos de ejecución hipotecara tramitados en los tribunales acabaron en desalojo de la vivienda en los últimos tres años. En concreto, de junio de 2009 a junio de este año se produjeron un total de 168.534 desahucios. Los procedimientos de desalojo alcanzaron su máximo de los últimos tres años el pasado mes de junio, cuando se procedió al levantamiento de 18.668 inmuebles. Desde junio de 2009, los Tribunales iniciaron 289.589 procesos de ejecución presupuestaria.

Respuesta de la Pah al protocolo contra los desahucios aprobado por el ayto. de Manzanares.

Asi mismo se aprueba por unanimidad un protocolo y conjunto de medidas de actuación frente a los desahucios. Hacemos constar nuestra satisfacción ante la unanimidad del consistorio en este punto.
Sin embargo, y aunque no dudamos de la buena intención con la que se ha redactado este protocolo de actuación, creemos firmemente que desde el Ayuntamiento de Manzanares el Real se puede hacer mucho más.


El primer punto de este protocolo son las que atañen a medidas fiscales, se propone que sea la entidad bancaria que se queda con la vivienda habitual la que pague la plusvalía, sin embargo, se estipula que la familia cumpla los requisitos del Real Decreto 6/2012. No sabemos si el PSOE y el PP se han leído las condiciones que se fijan en dicho decreto, en todo caso se lo diremos nosotros cuáles son dichos requisitos: no tener aval, que el valor de la casa no supere los 120.000€, que todos los miembros estén en el paro y que la cuota de la hipoteca supere el 60% de los ingresos. Lo que en principio parece una muy buena idea, porque es inaudito que una familia que se queda sin su casa además tenga que pagar plusvalía, se queda en agua de borrajas, puesto que en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca Sierra Norte no tenemos ningún caso que cumpla con esas condiciones. El decreto 6/2012 que toman como instrumento para definir el umbral de exclusión social, lo promulgó el Gobierno del Estado español dando a entender que era el decreto que permitiría la dación en pago, en toda España sólo se han concedido siete daciones en pago, es decir sólo siete familias cumplían con esas condiciones. Por todo ello le pedimos que modifiquen el criterio de exclusión social que se emplea en el protocolo y medidas de actuación frente a desahucios. La plusvalía la tienen que pagar los bancos SIEMPRE, con la única condición de que la familia a la que se le ha concedido la dación posea una única vivienda.


Respecto a la segunda medida, que supone el pago del IBI por parte de la familia a la que el banco le ha concedido el alquiler social, no entendemos el razonamiento que han seguido aquellas personas que han redactado este protocolo. El IBI es el impuesto sobre bienes inmuebles, es decir, grava la propiedad, así que la familia al no ser ya la propietaria del inmueble tendría que ser el banco quien satisficiera ese impuesto, lo contrario sería profundamente injusto.
Las medidas para el empleo son bastante descafeinadas, conscientes de que estamos en una época en la que el empleo brilla por su ausencia, pero este hecho no tiene que servir para justificar la falta de inversión del Ayuntamiento en políticas de empleo, no solamente para las personas afectadas por desahucios sino para los desempleados en general. Entre las medidas para el empleo destaca el hecho de que si el afectado rechaza un empleo, este perderá la ayuda municipal. Como ya hemos dicho antes creemos que el requisito de que todos los miembros de la familia estén en paro para obtener las ayudas municipales debe ser eliminado, puesto que estamos en una época de gran precariedad laboral con muchas familias en las que a lo mejor no todos están en el paro pero tienen contratos temporales de 6 meses y media jornada. Señores una familia no pierde su casa porque no le apetezca seguir pagando, la pierde porque NO PUEDE seguir pagándola.
En cuanto al protocolo de actuación frente a desahucios, las medidas son bastante difusas. Se encarga a los Servicios Sociales el asesoramiento de los afectados y la mediación con la entidad bancaria. La realidad es bastante cruda, casi la única acción que pueden realizar los servicios sociales en estos casos es la elaboración de un informe social en el cual se detalla la situación del afectado y que algunas veces sirve para la paralización del desahucio, así como realizar una solicitud al IVIMA para que el afectado obtenga un alquiler a un precio más razonable que los que se encuentran hoy en día en el mercado. Por nuestra experiencia colectiva si quieres ganar la batalla a un desahucio tienes que hacer mucho más. Uno de los grandes problemas que se encuentran los afectados es la desprotección legal, no conocen el proceso, no saben en qué fase están y al no tener representación legal no pueden denunciar las cláusulas abusivas que contienen sus contratos, que por cierto, son muchas (interés de demora al 29%, cláusula suelo y techo, euribor manipulado etc). Por lo que sería indispensable asistencia legal para los afectados, puesto que consideramos que los servicios jurídicos de los Servicios Sociales no tienen ni la formación ni las competencias para llevar a cabo esta labor, para ahorrar costes ese servicio de asistencia legal podría ser mancomunado. La mediación no se acaba cuando tu paralizas un desahucio, tienes que ir a la entidad bancaria (muchas veces, no sólo una), elaborar una estrategia y presionar. Y si, como bien dice el señor Jordán, una de las medidas que se suelen emplear para presionar desde los ayuntamientos a los bancos que desahucian es la de retirar todo el dinero de la cuenta, lo cual no constituye una amenaza, sino que es un derecho que el consumidor tiene cuando no está deacuerdo con los principios éticos de la entidad. Por todo ello, consideramos que los políticos de este ayuntamiento tienen que implicarse de manera directa en las negociaciones con los bancos y el IVIMA, y no desviando esta cuestión a través de los servicios sociales. Por último, en relación con la solicitud de una vivienda al IVIMA, este trámite es lento, pueden pasar muchos meses e incluso años hasta que una familia consiga una vivienda del IVIMA, puesto que estamos asistiendo al desmantelamiento del Instituto de Vivienda de Madrid, existe una gran cantidad de viviendas del IVIMA vacías, sin embargo los trámites se eternizan, esto es posible porque el IVIMA está vendiendo los inmuebles, casas que hemos pagado entre todos los madrileños se están vendiendo a precios irrisorios que están muy por debajo incluso del valor actual en el mercado. Para paliar esta situación, el ayuntamiento puede alquilar viviendas a particulares que conseguirían a precios más baratos puesto que los propietarios tendrían la confianza de que el arrendatario es una institución pública y, por lo tanto, el riesgo de morosidad se suprimiría, a cambio el ayuntamiento ofrecería un alquiler social (no más del 30% de los ingresos) a aquellas familia que han sido desahuciadas de su vivienda habitual. Otra medida que se tendría que tener en cuenta, con expectativas a medio-largo plazo es el de construir viviendas de alquiler social en terrenos públicos, de esta manera se fomentaría el alquiler como alternativa a la compra y no se perderían terrenos públicos, que son de todos los ciudadanos de Manzanares el Real.


Como podrán comprobar aprobamos su gesto de intentar abordar este cada vez más dramático problema, pero consideramos que las medidas son insuficientes, por todo ello esperamos que rectifiquen las cuestiones citadas en este escrito. Por último, nos gustaría invitarles a la asamblea de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca Sierra Norte que se realizará en Manzanares el Real el 23 de marzo a las 11h. Allí podrán conocer mejor esta realidad, y comprobarán que lo que les pedimos no es desmesurado, es un acuerdo de mínimos. Porque un acuerdo de máximos es pedirles que adopten fórmulas para expropiar aquellas viviendas en estado de abandono cuya titularidad pertenece a entidades bancarias o que han quedado inconclusas debido al boom inmobiliario, lo cual puede parecer utópico, pero esta medida ya se está estudiando en varios municipios.