Documentos de trabajo sobre la sentencia del tribunal europeo

OS DEJAMOS LA SENTENCIA COMPLETA DEL TRIBUNAL, EL COMUNICADO DE LA PAH Y EL DE CEACU , DONDE HAY ENLACES PARA APORTAR DOCUMENTOS EN EL JUZGADO

https://n-1.cc/file/view/1636054/sentencia-tribunal-eurpeo-contra-los-desahucios

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dado un varapalo a la normativa española sobre desahucios, confirmando la ilegalidad del procedimiento español de ejecución hipotecaria desde hace veinte años. El TJUE, de obligado cumplimiento para los jueces españoles, pasa por encima incluso de la normativa estatal y concluye que se vulnera de forma clara los derechos fundamentales de las personas afectadas y concretamente el derecho a la defensa. La ley actual no da al afectado mecanismos de oposición efectivos para hacer valer sus derechos en el marco del procedimiento de ejecución actual.

Los procedimientos de ejecución hipotecaria en curso deben ser paralizados de oficio y de forma inmediata, puesto que la normativa que los regula es ilegal.

La sentencia da importantes facultades de actuación en los procesos vigentes a los jueces. La declaración del procedimiento como ilegal abre amplias vías para alegar la nulidad de los procedimientos que se han tramitado hasta ahora.

Ha tenido que ser un tribunal europeo quien se pronuncie ante la impasibilidad de un Gobierno y de un Parlamento ciegos y sordos, incapaces de atender el clamor popular y dar solución al drama social que los desahucios han provocado y siguen provocando hoy. El TJUE da también con esta sentencia una bofetada al Tribunal Constitucional español, el cual venía avalando un procedimiento de ejecución hipotecaria que se ha demostrado claramente ilegal.

Las inmediatas estrategias jurídicas posibles ante el fallo del TJUE serán analizadas este sábado en una reunión de abogados de la PAH.

La sentencia es un respaldo al contenido de la Iniciativa Legislativa Popular, cuyas medidas se habían cuestionado por su carácter retroactivo. A la luz de la doctrina del TJUE la retroactividad no solo es una posibilidad reconocida en la Constitución, sino una necesidad. Una necesidad ya que se plantea la nulidad de las ejecuciones hipotecarias realizadas desde el año 1993, fecha de la Directiva en la que se basa la sentencia para declarar ilegal el procedimiento español. No puede sostenerse que una persona sea condenada a pagar una deuda perpetua derivada de un procedimiento ilegal.

Esta sentencia reafirma la importancia de la movilización ciudadana a favor de las medidas de la ILP, unas medidas de mínimos que se están debatiendo en el Parlamento, y las cuales dan respuesta a los planteamientos de respeto a los derechos fundamentales de las personas afectadas.

¡Sí Se Puede!

COMUNICADO DE CEACU
Ha puesto a disposición de los afectados un modelo de demanda judicial de nulidad de condiciones generales de la contratación que permitirá frenar los procedimientos de desahucio en marcha.
Con esta iniciativa se “da la vuelta a la tortilla” en el procedimiento judicial, al convertir a los demandados amenazados con desahucios, en demandantes.
Modelo de “suspensión a la ejecución hipotecaria” (adaptado a la STJUE de 14/03/2013).
http://www.ceaccu.org/images/stories/documentos/modelo-suspension-ejecucion-hipotecaria-ceaccu.doc
Modelo de demanda de nulidad de condiciones generales de la contratación ante el Juzgado de lo Mercantil (adaptado a la STJUE de 14/03/2013).
www.ceaccu.org/images/stories/documentos/demanda-nulidad-condiciones-contratacion.doc
Instrucciones.
http://www.ceaccu.org/images/stories/documentos/instrucciones-suspension-lanzamientos-ejecuciones-hipotecarias.pdf

22 de noviembre de 2012
#dalavueltaalatortilla

Los Servicios Jurídicos han elaborado una nueva estrategia jurídica para la defensa de los afectados de las ejecuciones hipotecarias que han calificado de “revolucionaria” y que puede suponer la paralización “forzosa” de los desahucios. Se trata de la presentación de demandas de nulidad individual de condiciones generales de la contratación ante el Juzgado de lo Mercantil, “para ser esgrimido como cuestión prejudicial civil directa en el Juzgado de Primera Instancia que tramita el proceso de desahucio”.

La principal novedad que aporta esta estrategia es que, a diferencia de la cuestión formulada ante el TJUE como motivo de oposición al desahucio cuya incidencia debe ser valorada por el juez, en este caso, la suspensión es obligada por plantearse un nuevo pleito entre las partes en conflicto, banco y consumidor, lo que en términos jurídicos se denomina, “cuestión prejudicial civil directa por el afectado, con plena identidad subjetiva entre las partes (afectado y entidad financiera)”.

Según los servicios jurídicos de CEACCU, “La cuestión prejudicial civil, así planteada, resulta obligada merced a las deficiencias técnicas del artículo 406.2 LEC, ya advertidas por la doctrina y constatadas con reiterado éxito por esta Confederación”.

Para facilitar esta acción judicial, CEACCU ha elaborado dos modelos de escritos que están disponibles en su web, los colegios de abogados y las Plataformas de Afectados: a) “Modelo de demanda de nulidad individual de condiciones generales de la contratación” (adaptado a la STJUE de 14/03/2013);
www.ceaccu.org/images/stories/documentos/demanda-nulidad-condiciones-contratacion.doc
y b) “Modelo de solicitud de suspensión de ejecución hipotecaria (adaptado a la STJUE de 14/03/2013) basada en cuestión prejudicial civil directa del afectado”,
www.ceaccu.org/images/stories/documentos/modelo-suspension-ejecucion-hipotecaria-ceaccu.doc
que amplía y adapta el ya difundido por la Abogacía días atrás.

El escrito de demanda de CEACCU contra las condiciones generales de contratación de las entidades financieras pide que sean declaradas abusivas y nulas, entre otras: el establecimiento de la conocida “cláusula suelo”, lo relativo a los gastos (“Son de cuenta exclusiva de la parte prestataria todos los tributos, comisiones y gastos ocasionados”), el interés de demora, la condición sobre “vencimiento anticipado del préstamo”, la relativa a la finalidad del préstamo (“La parte prestataria declara que el bien hipotecado no está afecto a ninguna actividad profesional y se obliga a no variar su actual destino sin la autorización expresa y comunicada por escrito del Banco”), a la conservación de la garantía o la “subrogación de los adquirentes”.

Por último, CEACCU, convencida de que la aprobación de la reciente Ley de Tasas Judiciales, constituye un veto sin precedentes en el derecho de acceso a la justicia de millones de consumidores y usuarios, vaciando de contenido el derecho a la tutela judicial efectiva, ha incorporado en ambos escritos, “petición de planteamiento de cuestión de constitucionalidad por parte del juzgador ante el TC, conforme a la habilitación dispuesta en el artículo 163 de nuestra Carta Magna, en concordancia con lo previsto en el artículo 35 LOTC”.

Los modelos de demanda judicial y de suspensión de la ejecución hipotecaria estarán accesibles en la web de CEACCU, en sus organizaciones provinciales y en los Colegios de Abogados de toda España. También se pondrán a disposición de las Plataformas de Afectados por la Hipoteca.

Real Decreto-Ley sobre desahucios

Esta iniciativa surge también como reacción a la “decepcionante”, según la organización, respuesta del gobierno al creciente número de desahucios: El Real Decreto-Ley aprobado hace justo una semana “es una norma, tal como nos temíamos, a la medida de las entidades financieras. Lejos de resolver el problema de la intolerable desprotección jurídica de las familias en quiebra, se pliega a los intereses de la banca, condenando a los consumidores a deudas perpetuas y a la exclusión social”, ha valorado CEACCU.

CEACCU considera que las medidas aprobadas deberían haber amparado, no sólo a aquellos afectados que, con criterios muy restrictivos, se les califique de “vulnerables” o “especialmente vulnerables” sino a cualquier familia en situación de quiebra sobrevenida: es decir, aquellas que por “desgracias familiares, paro, accidentes de trabajo, larga enfermedad u otros infortunios” hayan sufrido una drástica pérdida de sus ingresos regulares que les impida hacer frente a las deudas contraídas.

Además, junto a una moratoria de las ejecuciones sin condiciones, CEACCU considera necesario y urgente poner en marcha los siguientes mecanismos:

Procedimiento concursal específico para las familias que permita (igual que ocurre con las empresas en quiebra) un marco justo de negociación para adecuar ingresos y deudas.
Cuando la pérdida de ingresos haya sido tan drástica que no sea viable continuar con el pago de la vivienda, la solución debe ser la dación en pago y un alquiler social que impida que la familia sea desalojada.
Si los ingresos lo permiten, se establecerá un mecanismo para renegociar el pago de la deuda con una quita (reducción del importe total a pagar).

Seis de cada diez procesos de ejecución hipotecara tramitados en los tribunales acabaron en desalojo de la vivienda en los últimos tres años. En concreto, de junio de 2009 a junio de este año se produjeron un total de 168.534 desahucios. Los procedimientos de desalojo alcanzaron su máximo de los últimos tres años el pasado mes de junio, cuando se procedió al levantamiento de 18.668 inmuebles. Desde junio de 2009, los Tribunales iniciaron 289.589 procesos de ejecución presupuestaria.

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