NOTA DE PRENSA
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de la Sierra Norte de Madrid junto con los distintos grupos y Asambleas 15M, queremos hacer un llamamiento a los ayuntamientos de esta zona para que apoyen a las familias víctimas de la estafa hipotecaria. Creemos que desde el ámbito municipal se puede hacer mucho para paliar esta situación, es una cuestión de voluntad política. De hecho, muchos ayuntamientos españoles ya ha están tomando medidas ¿por qué no aquí? Hoy queremos proponer una Moción que incluye mínimos fundamentales con los que los ayuntamientos pueden empezar a caminar en la dirección de la justicia social. Esos mínimos incluyen
Declarar los municipios de la sierra madrileña de forma conjunta y coordinada como “Municipio Libre de Desahucios”. Esto significaría: que no se ponga ni un solo Policía Local a disposición de ningún desahucio.
Que exija a las entidades financieras que operan en los pueblos, la paralización de los desalojos.
La actuación de los servicios sociales en caso de desahucio.
Colaboración de los servicios jurídicos de los Ayuntamientos de con las familias víctimas de un desahucio o ejecución hipotecaria en todos los casos que lo requieran.
Exención del pago de la Plusvalía para aquellas personas que, por insolvencia sobrevenida, hayan entregado su vivienda como dación en pago.
Condonación de las deudas por impuesto sobre la vivienda desahuciada.
Por Justicia Social !SI SE PUEDE!
MOCIÓN PROTOCOLO ANTIDESHAUCIOS
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de la Sierra Norte de Madrid y la Asambleas Populares 15M solicitan a todos los grupos políticos en este Ayuntamiento representados, que sometan al Pleno de la Corporación para su toma en consideración si procede, la presente proposición.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Es un hecho manifiesto que desde del inicio de la crisis y el aumento del paro, centenares de miles de familias han llegado a situaciones límite que, en muchos casos, no les permiten cubrir sus necesidades más básicas.
Según datos del Consejo General del Poder Judicial entre 2007 y 2010, en el Estado Español, se registró una cifra aproximada de 300.000 ejecuciones hipotecarias. Una realidad que ha ido en aumento. Según un estudio de la Asociación de Afectados por Embargos y Subastas (AFES) más de medio millón de familias han perdido o perderán su casa en el período 2008 – 2015; dicha asociación desglosa este más de medio millón de damnificados por etapas: de 2008 a 2011, 150.000 ya han perdido su vivienda y soportan deudas que impiden cualquier oportunidad de encauzar su futuro; en 2012, 135.000 familias han sufrido un proceso de ejecución hipotecaria. A estas cifras hay que sumarles, si no se toman medidas urgentes, otras 133.000 que ya no pueden seguir pagando hipoteca y las 100.000 que dejarán de hacerlo en los dos próximo años por el aumento del paro.
En este contexto miles de familias se enfrentan, no solo, a la pérdida de su vivienda sino también a una condena económica de por vida. Una vez interpuesta la demanda por parte de la entidad bancaria se inicia el proceso de ejecución, frente al cual solo se pueden alegar unas escasas causas tasadas de oposición, que terminará con la subasta de la vivienda. Cuando la subasta queda desierta, como sucede en la mayoría de casos desde del inicio de la crisis, el ejecutante se adjudica el inmueble por un 60% del valor de tasación y sigue reclamando la deuda (principal, intereses y costas judiciales) a las personas en situación de insolvencia y sus eventuales avalistas. Así pues estas miles de familias están siendo condenadas vitaliciamente a la exclusión social y la economía sumergida por una legislación anómala, que no tiene comparación en los países de nuestro entorno.Todo esto hace que las consecuencias de la crisis se carguen sobre la parte más vulnerable del contrato hipotecario mientras las entidades financieras, en gran medida responsables de esta, reciben ayudas millonarias sin asumir ninguna responsabilidad. Hecho del todo inadmisible en un Estado autodenominado social y democrático de derecho por su Constitución.
Por todo ello, instamos al Pleno del Ayuntamiento a poner en marcha las siguientes medidas:
1 Declararse públicamente Municipio contra los desahucios.
2 No aportar apoyo de la Policía Local a los dispositivos policiales que tengan que ver con las órdenes de desahucio.
3 Estudiar las medidas a emprender a nivel municipal para paralizar los desahucios, creando una comisión mixta en la que participen Gobierno municipal, partidos políticos, PAH y otras organizaciones sociales conocedoras de la problemática, con el objetivo principal de buscar alternativas que eviten los desahucios por motivos económicos. En los casos que no sea posible, garantizar el realojo digno de las familias afectadas.
4 Crear y apoyar protocolos de actuación de servicios sociales en casos de desahucio, y cuando éste sea por motivos económicos y se refiera a la vivienda única y habitual, solicitar al juzgado la suspensión del desahucio. Los servicios sociales deberán tener capacidad suficiente para atender a los afectados de forma efectiva, agilizar los trámites oportunos para solicitar ayudas, vivienda, agua, luz, alimento, etc., y buscar soluciones ante situaciones de emergencia.
5 Exención del impuesto municipal de plusvalía para las personas afectadas que sufran la pérdida de su vivienda en subasta y para aquellas que logren la dación de la vivienda en pago de la deuda. Esta exención será aplicable a todos aquellos casos que se refieran a la vivienda única y habitual y con carácter retroactivo a todos aquellos casos que se hayan producido con posterioridad al 31 de diciembre del 2008.
6 Interpelar a las entidades financieras para exigirles la paralización de los desahucios. Buscar entidades financieras alternativas con el objetivo inmediato de retirar los fondos que tenga este Ayuntamiento con bancos que realicen desahucios.
7 Buscar una solución que de salida a las necesidades de asesoría jurídica. Dotar a la corporación municipal de un cuerpo de abogados conocedores de la materia concreta que puedan atender las necesidades de asesoría jurídica de los afectados, que ayuden a tramitar solicitudes (ayudas, AJG, etc), a negociar con la entidad bancaria, o a elaborar escritos al juzgado; incluso, si fuese denegada la Asistencia jurídica gratuita, asistir como letrado en caso de procedimiento judicial siempre que se trate de la vivienda habitual.
8 Que el Ayuntamiento realice las gestiones oportunas con el SAREB para que no haya un solo piso vacío de esta entidad en el municipio, y que éstos se empleen en dar solución a estos casos. No pueden existir personas en la calle cuando hay muchas casas vacías.
9 Publicitar en el Municipio el presente acuerdo de forma eficaz para que la información llegue a quien más la necesita.
10 Crear una tasa para propietarios de segundas viviendas o en su defecto exenciones fiscales a los propietarios de primera vivienda para promover que los propietarios de segundas viviendas las pongan a un alquiler asequible. Estas medidas también serán de aplicación a las entidades bancarias que tengan viviendas sin utilizar.
PAHsierranorte 