Navalafuente va a aprobar protocolo antidesahucios

TEXTO ACUERDO PLENARIA DESAHUCIOS.-

 Es un hecho manifiesto que desde el inicio de la crisis y el aumento del paro, centenares de miles de familias han llegado a situaciones límite que, en muchos casos, no les permiten cubrir sus necesidades más básicas.

 Según datos del Consejo General del Poder Judicial entre 2007 y 2010, en España se registro una cifra aproximada de 300.000 ejecuciones hipotecarias. Una realidad que ha ido en aumento. Según un estudio de la Asociación de Afectados por Embargos y Subastas, más de medio millón de familias han perdido o perderán su casa en el período 2008-2015, dicha asociación desglosa este más de medio millón de damnificados por etapas: de 2008-2011, 150.000 ya han perdido su vivienda y soportan deudas que impiden cualquier oportunidad de encauzar su futuro; en 2012, 135.000 familias han sufrido un proceso de ejecución hipotecaria. A estas cifras hay que sumarles, sin no se toman medidas urgentes, otras 133.000 que ya no pueden seguir pagando hipoteca y las 100.000 que dejarán de hacerlo en los dos próximos años por el aumento del paro.

 En este contexto miles de familias se enfrentan, no solo, a la pérdida de su vivienda sino también a una condena económica de por vida. Una vez interpuesta la demanda por parte de la entidad bancaria se inicia el proceso de ejecución, frente al cual solo se pueden alegar unas escasas causas tasadas de oposición, que terminará con la subasta de la vivienda. Cuando la subasta queda desierta, como sucede en la mayoría de casos desde el inicio de la crisis, el ejecutante se adjudica el inmueble por un 60% del valor de tasación y sigue reclamando la deuda (principal, intereses y costas judiciales) a las personas en situación de insolvencia y sus eventuales avalistas. Así pues estas miles de familias están siendo condenadas vitaliciamente a la exclusión social y la economía sumergida por una legislación anómala, que no tiene comparación en los países de nuestro entorno. Todo esto hace que las consecuencias de la crisis se carguen sobre la parte más vulnerable del contrato hipotecario mientras las entidades financieras, en gran medida responsables de esta, reciben ayudas millonarias sin asumir ninguna responsabilidad. Hecho del todo inadmisible en un Estado autodenominada social y democrático de derecho por su Constitución.

 Por todo ello, se somete a votación poner en marcha las siguientes medidas para los vecinos empadronados del municipio:

 PRIMERO: El Ayuntamiento de Navalafuente se declara municipio contra los desahucios de vivienda habitual.

 SEGUNDO: Se estudiarán las medidas a emprender a nivel municipal para paralizar los desahucios, creando una comisión mixta en la que participen Gobierno municipal, partidos políticos, Plataforma antidesahucio y otras organizaciones sociales conocedoras de la problemática, con el objetivo principal de buscar alternativas que eviten los desahucios por motivos económicos. En los casos que no sea posible, se trabajara en la medida de los recursos municipales para obtener un realojo digno de las familias afectadas.

 TERCERO: Crear y apoyar protocolos de actuación de servicios sociales en casos de desahucio, y cuando éste sea por motivos económicos y se refiera a la vivienda única y habitual, solicitar al juzgado la suspensión del desahucio. Los servicios sociales deberán tener capacidad suficiente para atender a los afectados de forma efectiva, agilizar los trámites oportunos para solicitar ayudas, vivienda, agua, luz, alimentos, etc, y buscar soluciones ante situaciones de emergencia.

 CUARTO: Habilitar una partida presupuestaria destinada a una línea de ayudas que se otorguen a los sujetos pasivos del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana en los casos de dación en pago y ejecución hipotecaria de vivienda única y habitual. De modo que el transmitente presente la auto-liquidación sin ingresar el importe y solicite, de forma inmediata, la ayuda correspondiente que, en cuanto se le adjudique, no sé libre al beneficiario sino que se proceda a la compensación de oficio con la deuda tributaria.

 QUINTO: Interpelar a las entidades financieras para exigirles la paralización de los desahucios. Buscar entidades financieras alternativas con el objetivo inmediato de retirar los fondos que tenga este Ayuntamiento con bancos que realicen desahucios.

 SEXTO: La corporación buscará soluciones que den salida a las necesidades de asesoría jurídica.

 SEPTIMA: El Ayuntamiento realizará las gestiones oportunas con el SAREB para que no haya un solo piso vacío de esta entidad en el municipio, y que éstos se empleen en dar solución a estos casos. No pueden existir personas en la calle cuando hay muchas casas vacías.

OCTAVA: La corporación estudiará la posibilidad de modificar la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles a los efectos de establecer el recargo recogido en el articulo 72.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, para los inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter permanente.

NOVENA: Publicitar en el municipio el presente acuerdo de forma eficaz para que la información llegue a quien más la necesita.

 

 

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