La Obra Social de Sierra Norte recupera una vivienda

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Luchadora contactó con la PAH de Sierra Norte en mayo de este año. Vivía con sus tres hijos menores de 6, 10 y 12 años en una infravivienda ubicada en lo alto de un cerro de un pueblo alejado de Madrid, sin luz ni agua. Vivía y vive sin ingresos formales desde hace tres años. La necesidad de llevar algo a la mesa de sus hijos le obligaba entonces entre otras cosas a desplazarse a pie o en autostop. Algunos días, dentro de este contexto de subsistencia, caminaba monte a través (unos 14 Km ida y vuelta) para ir a trabajar a otro pueblo. La piel curtida de Luchadora no deja lugar a engaños. Estuvo viviendo en este cerro desde agosto del 2015 hasta principios de Septiembre del 2016, momento en el que dentro del contexto de la Obra Social se recuperó para ella y su familia una casa en los alrededores.
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A los pocos días del primer contacto con la Asamblea de Sierra Norte comprobamos, papeles en mano, la naturaleza del proceso de estigmatización y derribo que Luchadora estaba sufriendo por parte del concejal de servicios sociales del municipio y por supuesto con la connivencia de la trabajadora social de su zona, hasta el punto de apreciar con claridad un objetivo principal: que Luchadora cediera la custodia de sus hijos a las instituciones del ramo. En este sentido se le abrió expediente de Protección de Menores que avanzaba rápido avalado por las condiciones de inhabitabilidad que tenía la vivienda y la falta de recursos.
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Realizamos una actuación colectiva de acompañamiento al ayuntamiento que dejó en evidencia cómo algunas de las razones de estas intervenciones ni siquiera eran de índole técnico, sino personal. Como botón de muestra de la distancia que separa a las instituciones de los problemas, el concejal referido se dedicó casi todo el encuentro a contarnos su currículum.
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salvavidas_recta-150x150 La amenaza de que el Servicio del Protección al Menor interviniera ha sido una constante y una angustia durante todo este tiempo. La primera vez que revisamos de manera colectiva los documentos de Luchadora comprobamos in situ la desidia, la hipocresía y la soberbia, todo ello en forma de papeles. Nos mostró un formulario del IVIMA casi ilegible proporcionado por la trabajadora social; el rosario de reclamaciones a la Mancomunidad, al Ayuntamiento, a la Comunidad de Madrid y al Defensor del Pueblo; la miserable respuesta del concejal; el informe de la Técnico del servicio de protección al menor. Reparando en este último vimos que trasladaba cosas como que los niños necesitaban estabilidad y condiciones adecuadas de vida; planteaba el uso de medidas de guardia temporal en tanto no se tuviera una situación económica estable; indicaba que la madre no aceptaba la separación de sus hijos e incidía en cosas tales como que se los llevaba con ellos incluso cuando se iba a trabajar, que no deseaba salir del municipio, y que no entendía la necesidad de que sus hijos fueran a un centro de menores. Sin comentarios.
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La relación de Luchadora con los técnicos de servicios sociales no es precisamente buena como es de suponer (o no en todos los casos). Al preguntarle en su momento por informes favorables de técnicos anteriores nos relató un episodio en el que la técnico de turno trasladó pormenores de su vida privada al centro de sus hijos, así como que el hecho de quejarse tuvo consecuencias: le sacaron de las listas de comida de la cruz roja. Afortunadamente no siempre ha sido así.
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Respecto a su actual trabajadora social, la compañera Luchadora cuenta que le hizo firmar una comunicación jurada para continuar con la tramitación del RMI, una declaración respecto al origen de sus ingresos y al modo de sustento (Comida de Cáritas y trabajo en el pueblo al que ya hemos referido que viajaba a través del monte). No le dio copia. Pero con esa declaración determinaron de forma bastante arbitraria que percibía por su trabajo unos ingresos de 120 Euros al mes (nunca supo cómo la técnico había llegado a ese cálculo) y ahora se lo descuentan del RMI. Por otro lado, del RMI también le descuentan 444 € de pension de alimentos sobre sentencia de medidas provisionales prescritas hace unos 8 años. Así es, por una lado no recibe un euro del padre de sus hijos pero si no lo denuncia, se lo descuentan. Resultado final: Luchadora percibe 98 € al mes.
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Aquí entra la parte complicada, Luchadora no se llama Luchadora, porque es víctima de violencia de género. De un tipo de violencia de género que parece que no tiene cabida en los manuales sociales que al parecer usan los especialistas en la materia. Luchadora teme por su integridad y tiene motivos, pero para recibir el RMI tiene que poner denuncia de manutención a su antiguo maltratador, justamente a la única persona que debería estar fuera del alcance de sus preocupaciones. Desgraciadamente Luchadora ha cedido esta vez: entre el miedo y la comida de sus hijos ha preferido miedo.
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¿De qué trabaja Luchadora?. Luchadora era una profesional cualificada de larga experiencia a la que despidieron de su último trabajo por quedarse embarazada. Pero para la técnico de protección al menor la profesión de Luchadora se reduce a lo que indica su último trabajo y reza “limpieza”. Hay cosas que cuesta comprender mientras Luchadora reflexiona: “Cuando uno pierde el trabajo parece que pierde todo, por mucho que haya estado aportando al sistema durante mucho tiempo”

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salvavidas_verd_diagonal_150x150Afortunadamente empezamos a ver las cosas con algo de distancia porque desde hace unas semanas Luchadora y sus hijos disfrutan de mejores condiciones y de un techo más digno. La pelea no acaba ahí, es evidente que acabamos de empezarla, pero para el colectivo, para Luchadora y para sus hijos este lugar recuperado no deja de ser un buen principio.