Desahucio Express. Modificaciones a la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC)

Lo que conocemos como Desahucio Express ha pasado su trámite en el Congreso y con esta entrada pretendemos aclarar las implicaciones del texto aprobado y la situación actual, pendiente de que se pronuncie el Senado.

Nos estamos refiriendo a la que técnicamente se llama Proposición de Ley 122/000061 de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas (anteriormente denominada Proposición de Ley de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, por la que se regula un procedimiento específico para garantizar la posesión de viviendas titularidad de propietarios personas físicas y para asegurar a las entidades sociales y a las administraciones  públicas la disponibilidad de las viviendas en su haber destinadas a alquiler social).

El objetivo de esta ley es la recuperación inmediata del uso de los inmuebles ocupados.

¿A quien afecta?

A los ocupantes de inmuebles sin contrato de alquiler o sin consentimiento por parte del propietario.

¿Quién se beneficia?

Según el texto de la ley:la persona física que sea propietaria o poseedora legítima por otro título, las entidades sin ánimo de lucro con derecho a poseerla y las entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social.”

Es decir: particulares, las administraciones públicas que sean propietarias o con algún derecho sobre viviendas sociales que sean ocupadas.

¿Quién no puede utilizar este cauce legal? 

Los bancos, las empresas, las socimis, los fondos buitres…

¿Cómo funciona esta ley?

El propietario interpone una demanda en el juzgado correspondiente aportando la justificación de ser el poseedor de la vivienda. En la misma demanda puede solicitar el lanzamiento inmediato de los ocupantes. No es necesario que se les identifique  para notificarles el desahucio. En el lanzamiento pueden echar a la calle a cualquiera que esté en ese momento en el inmueble. Lo que se llama “ignorados ocupantes”.

Lo único que pueden hacer los denunciados es, en el plazo de cinco días, presentar alguna prueba de que están viviendo en el inmueble por un título válido: contrato de alquiler o similar, vamos, lo que equivale a decir en el contexto que nos ocupa que no tienes opción de alegar nada. El juez tampoco tiene alternativa: su única función es ordenar inmediatamente la devolución de la vivienda o, si no, proceder al desalojo. No hay ninguna posibilidad de recurrir.

Esto se lleva a cabo en un plazo brevísimo de tiempo: menos de 20 días.

Al notificar la demanda a los ocupantes del inmueble que estén en situación de exclusión social, si ellos dan su consentimiento, es obligatorio informar a los servicios sociales para que les procuren una solución de emergencia.

Algo positivo de esta modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero: que prevee la creación de un registro de viviendas de sociales por parte de las administraciones autonómicas. Algo es algo. En cualquier caso quedaría por ver el cumplimiento de este punto por parte de las administraciones y las facilidades de acceso a ese registro.

Entrada en vigor

La entrada en vigor se producirá a los veinte días de su publicación en el BOE

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